Santo Domingo, RD – 22 de febrero de 2025
En una conversación profunda y reflexiva, el periodista, consultor en accesibilidad y diseño universal Kerkdenny Medina compartió junto al especialista en lengua de señas Tommy Guzmán y las psicólogas clínicas expertas en discapacidad Lisbeth Soto y Shannon Dalmau, un análisis detallado sobre el estado actual de las leyes de discapacidad en la República Dominicana.
A pesar de contar con tres leyes fundamentales en materia de discapacidad – la Ley 5-13 sobre discapacidad, la Ley 43-23, que reconoce la Lengua de Señas Dominicana (LSD) como un idioma oficial y la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista – su cumplimiento sigue siendo un desafío. Durante el programa, se debatió hasta qué punto estas normativas están siendo aplicadas y qué acciones se necesitan para garantizar su efectividad en beneficio de las personas con discapacidad.
"Tenemos leyes, pero su cumplimiento sigue siendo deficiente. Es necesario educar a la población y exigir su aplicación", comentó Lisbeth Soto, destacando que muchas personas desconocen sus derechos y cómo exigirlos. También señaló que uno de los problemas fundamentales es la falta de formación en temas de discapacidad en el sector salud, lo que dificulta un diagnóstico y tratamiento adecuado para muchas personas dentro del espectro autista y con otras condiciones.
En el caso de la Ley 34-23 de Autismo, se discutió cómo esta normativa busca garantizar acceso a diagnósticos, terapias y servicios médicos esenciales para las personas dentro del espectro autista. Sin embargo, Shannon Dalmau resaltó que la realidad es que muchas familias enfrentan dificultades para obtener estos servicios, ya que el sistema de salud aún no ha incorporado completamente las coberturas establecidas en la ley. "Las personas con autismo requieren apoyos específicos en educación, salud y empleo. Sin una implementación efectiva de la ley, las familias siguen cargando con todos los costos y las barreras de acceso", puntualizó.
Por su parte, Tommy Guzmán enfatizó que la comunidad sorda sigue enfrentando barreras en la comunicación, a pesar de la aprobación de la Ley 43-23, que reconoce la Lengua de Señas Dominicana (LSD) como un idioma oficial en el país. "Faltan intérpretes, faltan espacios accesibles y, sobre todo, falta voluntad para que la lengua de señas se implemente en todos los ámbitos de la sociedad", afirmó. Guzmán subrayó que la comunidad sorda tiene una identidad lingüística y cultural propia, lo que refuerza la necesidad de promover el acceso a la educación y la información en lengua de señas.
Kerkdenny Medina destacó que la falta de divulgación y supervisión de estas leyes contribuye a que no se cumplan. "No basta con aprobar una ley. Se necesita educación ciudadana, campañas de concienciación y una estrategia clara para su implementación", expresó.
Además, se abordó la necesidad de que las instituciones públicas y privadas cumplan con la cuota del 5% de empleabilidad para personas con discapacidad, establecida en la Ley 5-13, un aspecto que hasta el momento sigue sin aplicarse de manera efectiva.
"Las personas con discapacidad no necesitan caridad, necesitan oportunidades reales de empleo y formación", afirmó Medina, agregando que es imperativo que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y CONADIS trabajen de manera articulada para garantizar los derechos de esta población.
Lisbeth Soto y Shannon Dalmau coincidieron en que la sociedad dominicana aún no comprende completamente la importancia de la accesibilidad y la inclusión. "Si desde la educación inicial se promoviera el aprendizaje de la lengua de señas y la sensibilización sobre la discapacidad, se reducirían muchas de las barreras que enfrentamos hoy", expresó Soto. Dalmau agregó que es fundamental que los profesionales que trabajan con personas con discapacidad reciban capacitación continua para mejorar la calidad del servicio que ofrecen.
La conversación concluyó con un llamado a la acción para que el Estado, las empresas y la sociedad en general asuman su responsabilidad en la aplicación de estas leyes y en la promoción de un país verdaderamente inclusivo.
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